Los contenciosos.

No soy muy aficionada al derecho administrativo, más allá del estudio lúdico en mis tiempos universitarios. 

La razón de mi aversión profesional a esta rama jurídica reside en mi incomprensión de la constante vulneración de los preceptos constitucionales que hemos de afrontar los administrados en nuestras relaciones con la Administración.

Me explico, la Constitución española de 1978 consagra el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, igual que ciudadanos. Sin embargo, los primeros en saltarse la ley, en el 90% de los expedientes, son los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, el gobierno central, la agencia tributaria, el catastro, etc, etc, etc. Desde incumplir los plazos o las formas de notificación, hasta hurtar al paciente hombre de a pie, de sus alegaciones, o de la exhibición de los documentos con excusas peregrinas, como que no se ha escaneado.

En fin, que no me gusta pelear contra la apisonadora administrativa cuyo fin fundamental es fastidiar, jorobar, sangrar y estrujar a los que mantenemos en funcionamiento esa maquinaria con nuestros impuestos.